Ferrovial es, según Wikipedia, «una empresa multinacional que opera en el sector de las infraestructuras, a través de cuatro divisiones: Autopistas, Aeropuertos, Construcción y Servicios«, y que «tiene presencia en una quincena de países«. En su web se autodefine como «Operador global de infraestructuras y servicios«. El pasado 5 de abril la compañía celebró en Madrid su Junta General de Accionistas, ocasión que aprovechó Amnistía Internacional para «colarse» en el cónclave corporativo para preguntar al presidente del Consejo de Administración por la implicación del Grupo en el maltrato a los demandantes de asilo por parte de Australia.
De acuerdo con la ONG defensora de los Derechos Humanos, el Gobierno de aquel país confina en condiciones deplorables a los migrantes que aspiran a llegar a sus costas en la remota isla de Nauru, un micro-estado de poco más de 20 kilómetros cuadrados de superficie y 11.000 habitantes que casualmente fue protectorado australiano hasta 1968, y que se sitúa en el Pacífico Central, en medio de la nada, a 4.000 kilómetros de su ex-metrópoli.
Además de publicar este video, A.I. ha iniciado una campaña de recogida de firmas en su web, en la que anima a la ciudadanía a exigir a Ferrovial que deje de beneficiarse de los abusos a personas refugiadas en Nauru. También ha publicado un dossier de 36 pagina, que puede descargarse en este enlace, en el que señala a una filial de Ferrovial (Broadspectrum) como principal beneficiaria de los miles de millones de dólares que la Administración australiana dedica a su «sistema de tramitación extraterritorial» en Nauru y en Manus, otra isla que forma parte de Papúa Nueva Guinea. Un montante que ha supuesto contratos por valor de 1.900 millones de dólares norteamericanos, según fuentes oficiales australianas, o 1.100 millones, según la empresa beneficiaria.
La irrupción de una ONG en una Junta de Accionistas repleta de periodistas y la consiguiente campaña de denuncia debería suponer un serio contratiempo para los responsables de comunicación de cualquier compañía. Pero llama la atención la escueta respuesta que ha ofrecido Ferrovial: un comunicado de 22 líneas de texto. Que contiene un argumentario de cinco puntos:
1.- El informe de Amnistía «no contiene nada nuevo» respecto a anteriores denuncias de la misma organización, datadas en julio y octubre de 2016. Es decir, que no es que sea falso, incorrecto, desatinad o malintencionado, sino que no es nuevo.
2.- Las afirmaciones de A.I. son «gratuitas» porque, cuando Ferrovial adquirió Broadspectrum (abril de 2016), ya anunció que no se presentaría a la renovación de este contrato, «hecho que se producirá en octubre de 2017«. En otras palabras: la empresa habrá gestionado durante 18 meses el confinamiento de los refugiados en las dos islas.
3.- Broadspectrum es prácticamente una ONG más: «Su labor se limita al cuidado de las condiciones de vida y seguridad, en aspectos como alimentación, alojamiento, educación, mantenimiento, limpieza, etc. Un trabajo similar fue desempeñado en el pasado por ONGs como Save the Children o Salvation Army. Estas personas viven en régimen de libertad de movimientos, pueden entrar y salir a su criterio de los centros, y cuentan con acceso a telecomunicaciones y servicios de internet. Muchas de ellos disfrutan ya del status de refugiado, tienen trabajo y viven integradas en la comunidad.»
4.- Los centros de confinamiento han sido visitados por «entidades como al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional de Inmigración, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Defensor del Pueblo de Australia, etc.» No se especifica sin embargo el resultado de dichas visitas. Tampoco que, en abril de 2016, el gobierno de Papúa Nueva Guinea anunciara que iba a cerrar el Centro de Tramitación de Refugiados de la isla de Manus, tras una sentencia del Tribunal Supremo que establecía que la detención de personas en dicho centro era inconstitucional.
5.- Broadspectrum ha solicitado reiteradamente a Amnistía Internacional «que plantee sugerencias específicas para mejorar las condiciones de estas personas, pero siempre ha declinado esta posibilidad«. La denuncia de la organización sostiene que «Broadspectrum y Ferrovial son cómplices del sistema abusivo y secreto de Nauru y obtienen grandes beneficios de él, actuando en contra de su responsabilidad de respetar los derechos humanos e incurriendo en posible responsabilidad civil y penal«, por lo que «pide a Ferrovial que ponga fin a sus operaciones en Nauru y la isla de Manus lo antes posible«.
Cabe la posibilidad de que los responsables de Comunicación del Grupo Ferrovial convocaran, a la vista de la situación creada, un Gabinete de Crisis. Si fuera el caso, lo que está claro es que no se han estrujado demasiado las meninges para dar respuesta a la denuncia. Tal vez ni siquiera era necesario preocuparse demasiado. Al fin y al cabo, si se rastrea la noticia en Internet, queda constancia de que casi ninguno de los grandes medios de comunicación españoles ha hecho la más mínima referencia a la intervención de A.I. en la Junta ni a la campaña subsiguiente. Un despacho de la agencia Efe, del que se hicieron eco las ediciones digitales de La Vanguardia y El Economista, que está datado… en Sídney. Y otra referencia en la edición digital de ABC, tomada de otra agencia internacional (France Press). Los periodistas presentes en la Junta de Accionistas adoptaron la postura de los tres monos sabios que, según la tradición japonesa, aconsejan «No ver el Mal, no escuchar el Mal y no decir el Mal«.
En Occidente, la imagen de los simios que se tapan los ojos, los oídos y la boca suele dar lugar a otras interpretaciones.
