En un extenso artículo publicado el 21 de octubre en El Mundo y firmado por Emilia Landaluce se analizaba la batalla de la Comunicación librada entre el Gobiernos de La Moncloa y la Generalitat en torno a la crisis política catalana. A riesgo de simplificar en exceso el contenido del texto, éste venía a decir que la gran mayoría -si no todos- los medios de comunicación internacionales se han posicionado -erróneamente- a favor de las tesis de los independentistas. Y que ello se explica por una muy eficaz política de comunicación de estos últimos, frente a una desastrosa o inoperante gestión mediática por parte del Gobierno de Rajoy.
Una tesis semejante plantea alguna cuestión interesante, a la vez que harto problemática. Como por ejemplo: si hemos constatado que la práctica totalidad de los medios internacionales están equivocados sobre la cuestión catalana, ¿qué nos garantiza que no lo estén igualmente sobre los problemas en Ucrania, la guerra siria, la ideología de Putin o de Marine Le Pen, la última campaña electoral en Alemania, la crisis de los refugiados o el Cambio Climático? ¿O sobre las causas de la crisis financiera de 2008? ¿O sobre el escándalo de corrupción en la FIFA? ¿Quién nos asegura que la última edición del Festival de Cannes se ha desarrollado tal como nos la han contado? O, ya rizando el rizo, ¿cómo tener absoluta garantía de que El Mundo tiene razón?
Naturalmente, el debate en torno a la veracidad y la objetividad de los medios de comunicación acompañará al periodismo mientras éste exista. De manera que las distintas tendencias ideológicas seguirán teniendo cabida en los diferentes medios mientras no estén proscritas, y las versiones e interpretaciones de la realidad seguirán siendo distintas, y habrá debates y acusaciones de manipulación… Quizás podamos aspirar a un cierto consenso en algunos datos muy básicos: quién gana unas elecciones, si algún gobierno viola de manera flagrante derechos humanos básicos, si nuestro modo de vida está poniendo realmente en peligro la supervivencia del planeta, el número de víctimas de una catástrofe o de una acción violenta… Contrastar los datos disponibles con fuentes diversas, y el propio testimonio directo del reportero, pueden ser algunos clavos ardiendo a los que aún podamos agarrarnos a la hora de dilucidar lo que es falso y lo que no.
En todo caso, y dejando a un lado la ética del periodismo, el artículo de marras plantea también la cuestión de qué es, para qué sirve la Comunicación, y qué es permisible en esta materia. Comunicación entendida como la necesaria intermediación con los medios de información a la hora de enviar mensajes, hacer declaraciones, o replicar informaciones u opiniones. De nuevo a riesgo de simplificar, del texto firmado por Emilia Landaluce parece desprenderse la siguiente tesis: han manipulado, y lo han hecho muy bien, de manera que habrá que contraatacar… manipulando mejor que ellos. Lo cual deja a la totalidad de la prensa internacional a la altura del barro, como un hatajo de peleles moldeables a gusto de los gurús de los gabinetes especializados en presentar y maquillar realidades a su conveniencia.
Es evidente que el trabajo de un responsable de Comunicación de un ministerio, o de todo un Gobierno, tiene una dimensión política indudable. Y que entabla una batalla real frente a sus adversarios de otros gobiernos, instituciones o partidos. Ahora bien, ¿no sería lógico -además de ético- exigir que ese trabajo se desarrolle sin cruzar determinadas líneas? La primera de las cuales sería la mentira. Podríamos añadir prácticas como la intoxicación o el soborno, y algunas otras actividades generalmente consideradas como poco acordes con el decoro.
La Comunicación es y debe ser, ante todo, información, de ahí su valor para el periodista. Pero, dado que es información «de parte», puede buscar legítimamente influir y/o convencer al periodista, ofrecerle la mejor versión del cliente al que se representa. Puede ser legítimo callar, no así mentir o intoxicar. La responsabilidad del profesional de la información será la de contrastar y verificar los datos, consultar fuentes alternativas si le parece procedente, y finalmente ofrecer al lector/oyente/televidente el resultado de su trabajo. De modo que un gabinete de Comunicación tiene la legitimidad de tratar de influir en la información, pero no de manipularla. Y, desde luego, el responsable último del contenido no puede ser otro que el periodista.
Los gabinetes de Comunicación están normalmente integrados por periodistas buenos conocedores de sus colegas y de los medios para los que trabajan. Y estos gabinetes están en ocasiones al servicio de los políticos. Pero los profesionales de la información, al menos en los países de tradición democrática, tienen el poder y el deber de no plegarse necesariamente a las directrices, a los mensajes, en ocasiones ni siquiera a las leyes que emanan de la clase política. Acaban de cumplirse 29 años de la promulgación del «Broadcast Ban«, la ley aprobada por el Gobierno de Margaret Thatcher para impedir que las voces de los líderes de determinadas formaciones políticas norirlandesas (pero muy especialmente Sinn Féin) se pudieran oír en las radios y televisiones británicas. La respuesta de los medios afectados fue ridiculizar una norma que juzgaban atentatoria contra su derecho a informar, y el del público a estar informado. Y lo hicieron estableciendo un absurdo doblaje (del inglés al inglés) para los líderes cuyas voces estaban proscritas, como se puede ver y escuchar en esta entrevista de John Snow a Gerry Adams.
No son infalibles. Pueden equivocarse. Pero uno aspira a tener a su disposición periodistas y medios con ese talante.
